La falta de infraestructura, transporte, vivienda y agua no son los únicos retos que el nearshoring y la migración de centro y Sudamérica están planteando a Nuevo León (NL) y a otras amplias zonas en México, sino también la producción de alimentos para satisfacer la demanda de la creciente población en áreas urbanas como Monterrey, alertó el ganadero y abogado Gerardo Jiménez Cantú.

Por ello, en su nuevo libro “Breviario de un Ganadero en Zonas Semiáridas” presentado ayer jueves en el Museo de Historia Mexicana en Monterrey, Jiménez urge a adicionar al párrafo sexto del artículo 4º. de la Constitución que el derecho fundamental al agua se extienda a la actividad agropecuaria, pues dicho párrafo se constriñe sólo al uso personal y doméstico del líquido.

Jiménez argumentó que así como el agua es indispensable para vivir, también lo son los alimentos, y éstos se encarecerían si se traen de lugares lejanos en el país o del extranjero en caso de que el agua para uso agropecuario cercano sea negada.

Agregó que de prosperar la propuesta, ésta deberá ir acompañada de medidas que aseguren un más eficiente uso del líquido en este sector.

“De tornillos y tuercas no vamos a vivir, no vamos a comer, y todo mundo está pensando en más riqueza a base de industria y al campo lo tienen abandonado”, señaló en entrevista.

Advirtió que para la gente del campo el agua es fundamental para sobrevivir y producir, pero los gobiernos han abandonado a este sector retirándole todos los apoyos.

“Jueces han negado amparos a campesinos aún y cuando poseen concesiones debido a que el uso del agua en la actividad agropecuaria no es considerado un derecho humano o fundamental”, indicó el ganadero con más de 30 años en esta actividad.

Jiménez calificó como imperiosa la necesidad de promover ante las autoridades por parte de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, las 48 uniones regionales en el país y las asociaciones de ganado de registro, la iniciativa de adición al párrafo sexto del artículo 4o. constitucional para extender el derecho fundamental del uso del agua para fines agropecuarios.